Política educativa

La política educativa concierne a las decisiones que un país, por medio de sus órganos de gobierno, adopta a propósito de las grandes cuestiones de la educación, orientándola según la escala de valores por la que dicho país se rige. Por más que se diga (eso pretende la tecnocracia), esas decisiones no se toman científicamente, sino según un establecimiento de prioridades derivado de una filosofía adoptada en función del sistema político y social que estructura los demás aspectos sociales. Esto es lo que ocurre cuando se decide, por ejemplo, si se va a tolerar o a subvencionar la enseñanza la privada; si se reconoce a los centros de la Iglesia la capacidad de conceder títulos académicos; si se suprime la selectividad académica; si se implanta la libertad de enseñanza o si se persigue la escolarización de todos los niños en edad escolar. Según se ve, la política educativa no es una ciencia, sino una praxis; pero cabe estudiar y plantear científicamente sus cuestiones.

Existe una política económica de la educación, que es la que decide la asignación pública de recursos en este campo. Sus dos problemas principales están en determinar los gastos óptimos en educación (teniendo en cuenta la rentabilidad de la inversión en otros sectores), y la distribución óptima de los gastos para obtener el máximo de educación. La política económica pública en educación tiene unas líneas de acción que apuntan en tres direcciones: 1) la política financiera (procura los gastos óptimos, consignados en el presupuesto); 2) la eficacia productiva interna del sectos (reducción del despilfarro de recursos, para alcanzar un nivel educativo); y 3) establecimiento de los objetivos educativos.
 El factor político, por la mayor o menor importancia que se dé a la educación, puede afectar notablemente el desarrollo educativo.
Desde el punto de vista científico, los temas de la política educativa admiten un planteamiento teórico y una descripción histórica. Esta última forma parte de la historia de la educación. El planteamiento, en cambio, pertenece al ámbito de la filosofía de la educación (derecho a la educación, funciones del Estado en la educación, relación de las instituciones con la sociedad global, derechos del individuo con respecto a la sociedad y viceversa, etc.), y se hace muy difícil considerar dichas cuestiones de un modo objetivo, dados los intereses partidistas y las fuerzas demagógicas que pretenden definirlas.