El primer mecanismo operante es el de la selectividad académica, o dispositivo de un sistema educacional que filtra a los alumnos según su rendimiento escolar y da paso a los niveles superiores sólo a aquellos alumnos que hayan llegado más alto. Ya los propios nombres de "cursos" o "carreras" aluden, por su etimología, a una competitividad eliminatoria. La opinión popular se manifiesta en contra de ese hecho. En 1965, R. Dahrendorf enunció el principio del "derecho de los ciudadanos a la formación", que en Alemania motivó una política de expansión masiva de escolarización en la enseñanza secundaria y superior, cuyos alumnos se duplicaron en sólo diez años. La planificación educativa holandesa se expresa así: "Si un ciudadano, suficientemente cualificado, se halla a las puertas de cualquier tipo de escuela, debe ser admitido y las autoridades gubernativas competentes son responsables de adelantarse a sus peticiones de modo que la capacidad escolar sea adecuada para acomodarlos". De modo parecido hace su propuesta el Informe Robbins inglés, para el cual la planificación debe acomodarse a la demanda social de educación.
En cambio, otras opiniones defienden la selectividad. En los países socialistas, la escuela es el mecanismo esencial, por no decir el único, de la selección y de la movilidad sociales. Y en los países liberales muchos propugnan el principio de libre concurrencia.
La vida es una competición, una carrera de muchos hacia una meta que reserva recompensas para pocos. Un buen demócrata no puede hacer otra cosa que establecer y defender reglas de juego con las que "venza el mejor". El éxito está al alcance de todos en las democracias industriales, se dice. El que pierde o se queda en posiciones retrasadas, sólo puede quejarse de sí mismo, una vez garantizada la igualdad en las condiciones iniciales.
A. Ardigò, Sociología de la Educación
Fernando de Azevedo 1894-1974 |
Para F. de Azevedo, la igualdad de oportunidades se consigue, inicialmente, con la escuela única, que se basa en los dos principios de gratuidad y selección; pues:
Aspira a la renovación de las clases superiores mediante la elevación de todos los elementos de valor procedentes de clases inferiores. No se puede, pues, considerar antidemocrática o antisocial una reforma en la que se halla subyacente la idea de hacer accesibles los estudios superiores a todos los que están naturalmente dotados y reconocidos como capaces de hacerlos y de consagrar las diferencias de mérito personal que han manifestado en los estudios.
Fernando de Azevedo, Sociología de la Educación (adaptado)
Los partidarios de una economía planificada quieren un sistema educacional selectivo.
Pero estos últimos olvidan el aspecto constitutivo de la educación: no se pueden cerrar las puertas de la educación a una persona por el hecho de no ser tan inteligente como otra, pues tal vez dicha persona valora personalmente la educación tanto que sea productivo el hecho de que curse los estudios superiores a un nivel universal mínimo. Por otro lado, dado que aceptamos como hipótesis la actual estructura distributiva de la renta personal, suponemos válido el principio de que, tratándose de ciudadanos adultos, cada cual es quien mejor sabe qué es lo que ha de hacer con sus ingresos. Por tanto, si una persona quiere demandar más educación y menos de otra cosa, puede hacerlo. Ahora bien, para que su elección sea óptima, es preciso que los bienes (educación, etc.) sean valorados a precio de coste, ya que, de otro modo, se demandarían relativamente demasiados bienes de precio artificialmente bajo. La consecuencia lógica es, por tanto, que la educación que rebase el minimum hay que hacerla pagar, a quienes la demanden por capricho, a precio de coste. Obsérvese, con todo, que eso no elimina las diferencias de trato en favor de los ricos, sino sólo las suaviza; pues la educación, en el actual sistema de distribución de rentas, implicará, en general, una mayor productividad e ingresos personales; y así, si se admite el desequilibrio inicial entre los patrimonios personales, el sistema de hacer pagar la educación por encima del minimum a precio de coste a quienes la demanden por capricho, favorece relativamente a los ricos poco inteligentes, en contra de los pobres que son inteligentes. Pero desgraciadamente éste no sería el principal inconveniente de las diferencias de patrimonio.
Pero estos últimos olvidan el aspecto constitutivo de la educación: no se pueden cerrar las puertas de la educación a una persona por el hecho de no ser tan inteligente como otra, pues tal vez dicha persona valora personalmente la educación tanto que sea productivo el hecho de que curse los estudios superiores a un nivel universal mínimo. Por otro lado, dado que aceptamos como hipótesis la actual estructura distributiva de la renta personal, suponemos válido el principio de que, tratándose de ciudadanos adultos, cada cual es quien mejor sabe qué es lo que ha de hacer con sus ingresos. Por tanto, si una persona quiere demandar más educación y menos de otra cosa, puede hacerlo. Ahora bien, para que su elección sea óptima, es preciso que los bienes (educación, etc.) sean valorados a precio de coste, ya que, de otro modo, se demandarían relativamente demasiados bienes de precio artificialmente bajo. La consecuencia lógica es, por tanto, que la educación que rebase el minimum hay que hacerla pagar, a quienes la demanden por capricho, a precio de coste. Obsérvese, con todo, que eso no elimina las diferencias de trato en favor de los ricos, sino sólo las suaviza; pues la educación, en el actual sistema de distribución de rentas, implicará, en general, una mayor productividad e ingresos personales; y así, si se admite el desequilibrio inicial entre los patrimonios personales, el sistema de hacer pagar la educación por encima del minimum a precio de coste a quienes la demanden por capricho, favorece relativamente a los ricos poco inteligentes, en contra de los pobres que son inteligentes. Pero desgraciadamente éste no sería el principal inconveniente de las diferencias de patrimonio.
Josep Grifoll Guasch, Aspectes econòmics de l'educació
Se añade que un sistema selectivo que permite estudios superiores sólo a los más capacitados, favorece a la sociedad en general; pero en un sistema en que los sueldos dependan del nivel profesional, esto crearía una desigualdad social en favor de los más inteligentes; de tal manera que, si se quiere establecer una igualdad, hay que introducir una compensación, por ejemplo, a través del sistema de salarios de los titulados o a través del sistema fiscal de impuestos.